Desde el 26 de diciembre de 2025 entró en vigor un nuevo esquema de control migratorio en Estados Unidos que amplía de manera significativa la recolección de datos biométricos de ciudadanos extranjeros que ingresan o salen del país.
La medida, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca reforzar los mecanismos de seguridad en aeropuertos y puntos de entrada.
Con el nuevo sistema, los viajeros internacionales se someten a escaneos y fotografías faciales, cuyos registros pueden almacenarse por el gobierno federal hasta por 75 años.
En casos específicos, las autoridades fronterizas también podrán solicitar huellas dactilares e incluso muestras de ADN, lo que representa un cambio sustancial respecto de las atribuciones previas de los agentes migratorios.
Uno de los aspectos más relevantes de la normativa es la eliminación de las excepciones por edad: menores de 14 años y adultos mayores de 79, antes exentos, ahora podrán ser sometidos a estos procedimientos.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que la medida busca mejorar la aplicación de las leyes migratorias, desalentar reclamos considerados infundados y aportar mayor coherencia operativa. La recolección adicional de datos se aplicará principalmente a personas con procesos de deportación abiertos ante tribunales migratorios.
Un informe de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, publicado en 2024, alertó que estas tecnologías presentan mayores tasas de error en la identificación de personas afrodescendientes y de otras minorías étnicas.
El endurecimiento de los controles se inscribe en un contexto más amplio de cambios en las políticas de viajes e inmigración. En semanas recientes, el gobierno incrementó el costo del ESTA, la autorización electrónica para países con exención de visa, y añadió cinco naciones a la lista de prohibición de viajes vigente desde el 1º de enero de 2026.
Paralelamente, la U.S. Customs and Border Protection evalúa exigir a solicitantes del ESTA la declaración de hasta cinco años de historial en redes sociales, junto con números telefónicos, correos electrónicos y datos familiares. De aprobarse, viajeros de 42 países enfrentarían controles más exhaustivos antes de ingresar a territorio estadounidense.
