El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) exhortó a los gobiernos a endurecer los marcos legales, mejorar su aplicación y reforzar la cooperación transfronteriza para combatir la explotación infantil.
“Las empresas no pueden resolver este reto solas. Los gobiernos tienen un papel fundamental a la hora de reforzar los marcos legales, mejorar la aplicación de la ley y garantizar que quienes explotan a los niños afronten consecuencias reales”, afirmó Gloria Guevara, presidenta y CEO del WTTC, en el marco de la Cumbre Global celebrada en Malta.
El llamado se realizó junto con The Bicester Collection, ECPAT International y la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.
Un estudio reciente, en el que participaron más de 50 organizaciones de 25 países que en conjunto representan empresas con un alcance anual de casi mil millones de personas, reveló que siete de cada diez organizaciones consideran ya la protección de la infancia una prioridad.
El sector ha invertido en formación del personal, mecanismos de denuncia, programas de sensibilización y evaluaciones de riesgos, además de establecer alianzas con fuerzas de seguridad y organizaciones especializadas para detectar y prevenir la explotación.
Durante el encuentro se destacó el documento de acción Unlock Futures, elaborado con aportaciones del sector para incorporar la protección infantil en las cadenas de valor de los viajes, el ocio y el entretenimiento.
“Los sectores de los viajes, el ocio y el entretenimiento tienen una oportunidad sin precedentes para ir más lejos y más rápido, integrando la protección de la infancia en cada parte de sus cadenas de valor”, afirmó la Dra. Najat Maalla M’jid, Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños.
Guillaume Landry, director ejecutivo de ECPAT International, advirtió sobre el riesgo de que las empresas sean utilizadas para explotar a menores.
“Los niños forman parte del negocio de los viajes, el turismo y el entretenimiento: como huéspedes, como familiares de los empleados, como miembros de las comunidades locales y como participantes en las experiencias y los servicios que ofrecemos. Protegerlos de quienes pudieran intentar aprovecharse de nuestras empresas para explotarlos es una responsabilidad que no podemos pasar por alto”, declaró.
La iniciativa da continuidad al compromiso asumido en la Cumbre Mundial del WTTC de 2025 en Roma, donde más de 100 altos directivos se adhirieron a la Promesa Compartida y reconocieron que la protección de la infancia es inseparable de la construcción de una empresa sostenible.
En el ámbito nacional, un estudio presentado por Aeroméxico y UNODC, analizó la relación entre turismo y trata de personas en tres destinos: Ciudad de México, Cancún y Puerto Vallarta. El trabajo examinó factores de vulnerabilidad y posibles riesgos en diferentes etapas de la experiencia turística, desde la reservación y el traslado hasta el alojamiento.
Entre los hallazgos más relevantes se reveló que 84% del personal consultado afirmó tener conocimientos sobre la trata; sin embargo, más de 40% nunca había recibido formación específica. Además, aunque 72.3% de los hoteles reportó contar con algún procedimiento general de seguridad, solo 43% disponía de un protocolo específico para la trata. En el transporte, apenas un 26% contaban con procedimientos especializados.
El informe también advirtió que 93.2% de los casos de trata en México no llega a investigarse, dimensionando los desafíos de detección, denuncia y respuesta institucional.
El panorama nacional refuerza la urgencia de actuar. Entre 2015 y 2025 se identificaron 9,018 víctimas de trata de personas en el país; además, 63% de los casos registrados entre 2020 y 2023 correspondió a explotación sexual, de acuerdo con cifras del estudio.
México cuenta, además, con el Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo (CCN), una iniciativa de adhesión voluntaria dirigida a prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo. Su objetivo es impulsar prácticas responsables para prevenir y combatir la explotación sexual y laboral infantil. Su adopción permite formalizar compromisos internos, capacitar al personal y fortalecer las medidas de protección de la infancia.
Si bien el sector y empresariado han coincidido en la urgencia por combatir el problema, llevarlo a la práctica requerirá de compromisos sociales además de los institucionales, así como campañas de sensibilización entre la población. Por su parte, los gobiernos deberán establecer canales de denuncia accesibles, seguros y eficaces, donde se proteja a quienes reporten las malas prácticas y se garantice una sanción para quienes perpetúan el delito.
